En casi ocho años de gobiernos de la llamada Cuarta Transformación (4T), México ha vivido al menos 15 episodios de escándalo en los que se vieron envueltos integrantes de ese movimiento. Se trata de investigaciones, auditorías y denuncias penales por corrupción, conflictos de interés, nepotismo y contrataciones a modo que han puesto bajo escrutinio a funcionarios y personas cercanas al poder.
Algunos de los casos derivaron en órdenes de aprehensión o separación de funcionarios de medio nivel, pero ninguno de ellos se tradujo en una sentencia firme ni alcanzó a los responsables políticos de mayor jerarquía.
La renuncia de Guadalupe Taddei Zavala a la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE) constituye el episodio más reciente de la revisión realizada por EL UNIVERSAL. A pesar de las revelaciones sobre contratos a modo, abuso de funciones, desvío de recursos y enriquecimiento ilícito, hasta el momento no existen responsabilidades penales.
Con otros expedientes pasa lo mismo. Destaca el caso de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), organismo creado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y encabezado inicialmente por Ignacio Ovalle. Las investigaciones sobre corrupción involucraron a exfuncionarios como René Gavira Segreste y Manuel Lozano Jiménez. La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo órdenes de aprehensión. Pese a ello, el caso sigue sin sentencias.
Lo mismo sucedió con Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex), donde —tras detectarse presuntas irregularidades en la compra consolidada de medicamentos— la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó la separación de seis funcionarios en abril del año pasado. Se reportó la existencia de al menos 13 investigaciones, pero nunca hubo declaraciones de culpabilidad.
El huachicol fiscal también alcanzó a políticos de la 4T.
En marzo de 2025 se aseguraron alrededor de 10 millones de litros de combustible en Tampico, Tamaulipas. Entre los mandos detenidos destaca la captura de los hermanos y exmarinos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna; sin embargo, no hay una investigación contra el exsecretario de Marina José Rafael Ojeda Durán, quien también es su tío político.
El asunto ha cobrado relevancia debido a que el nombre de Andrés Manuel López Beltrán ha sido mencionado directamente en los expedientes. Testigos protegidos y declaraciones de marinos procesados afirman que se utilizaba el nombre del hijo del expresidente para “destrabar” la entrada de combustible ilegal. A pesar de ello, la FGR emitió un deslinde oficial afirmando que no cuenta con elementos suficientes para indagar al hijo del expresidente.
Un escándalo más ocurrió entre los años 2019 y 2024, con la exmedallista Ana Gabriela Guevara como directora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) interpuso cinco denuncias penales ante la FGR por irregularidades en las cuentas públicas 2019 a 2022. Hasta la fecha no ha habido detenciones.
El Tren Maya también se mantuvo en el ojo público, luego de que la ASF identificó pagos a sobreprecio, pagos anticipados, conceptos sin documentación suficiente, diferencias de volúmenes de obra y deficiencias en la supervisión y el control contractual. Hay al menos cinco denuncias penales contra Rogelio Jiménez Pons y otros exdirectores de Fonatur. Hasta el momento, la FGR mantiene congeladas las indagatorias bajo el argumento de que están en fase de “integración técnica”, por lo que no existen procesos penales.
El caso de la Refinería Olmeca en Dos Bocas, Tabasco, se ha convertido en uno de los proyectos más controvertidos de la administración pasada. Los sobrecostos de la megaobra de la 4T, estimada en 8 mil millones de dólares, pero que terminó costando más de 20 mil millones de dólares, derivaron en denuncias contra la exsecretaria de Energía Rocío Nahle. Existen al menos 35 denuncias, pero no se ha judicializado ninguna.
En 2022, José Ramón López Beltrán y su esposa Carolyn Adams fueron protagonistas de un escándalo por ocupar una residencia en Houston propiedad de Keith Schilling, entonces ejecutivo de Baker Hughes, empresa que mantenía contratos con Pemex. La Secretaría Anticorrupción sostuvo que no hubo conflicto de interés.
Destacan, además, los escándalos del denominado “clan”, integrado por Jorge Amílcar Olán Aparicio y Alejandro Castro Jiménez Labora, ambos amigos de Andy López Beltrán, quienes cuentan con diversas denuncias penales sin que haya ocurrido algo.
Un escándalo más es el de Marcelo Patrick Ebrard Ramos, hijo de Marcelo Ebrard Casaubon, quien estuvo alojado en la residencia de la Embajada de México en Londres. En abril de 2026, Ebrard Casaubon reconoció que su hijo se hospedó cerca de seis meses en la residencia diplomática a cargo de Josefa González Blanco, entonces embajadora de México en el Reino Unido.
El funcionario dijo que no hubo uso indebido de recursos públicos.
Otro escándalo relacionado con la 4T son los videos de Pío López Obrador, hermano del expresidente, y los sobres con dinero destinados para presuntas aportaciones políticas. El INE de Taddei Zavala resolvió en agosto de 2025 que no había elementos suficientes para acreditar que el efectivo hubiera beneficiado a Morena.
Se suman las acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que señalaron al gobernador con licencia de Sinaloa Rubén Rocha Moya y a otros nueve funcionarios por vínculos con Los Chapitos. A pesar de que el país vecino del norte envió una solicitud de detención con fines de extradición, el gobierno mexicano argumentó falta de pruebas para proceder penalmente, capturar o extraditar a Rocha Moya.
En el estado de Tabasco, la 4T enfrentó otro escándalo tras la captura de Hernán Bermúdez Requena, líder del grupo La Barredora y quien fuera secretario de Seguridad Pública durante la administración del entonces gobernador Adán Augusto López Hernández. Por ese caso hay 37 denuncias penales contra Adán Augusto, que fueron archivadas bajo el argumento de que no hay evidencias que lo incriminen.
Entre los años 2018 a 2024 se interpusieron un total de 209 denuncias contra delegados del gobierno federal por manejo indebido de programas sociales. Las indagatorias derivaron en 181 expedientes que fueron archivados por la Secretaría Anticorrupción.
A la lista se suma el escándalo por conflicto de interés que involucra directamente a María Elena Álvarez-Buylla Roces, exdirectora del Conahcyt, por la presunta adjudicación directa de un contrato por más de 4 millones de pesos al mismo despacho de arquitectos que diseñó la casa de su hija, Jimena García Álvarez-Buylla.
Derivado de la investigación hecha por este diario se interpusieron tres denuncias ante la Secretaría Anticorrupción y una penal ante la FGR; sin embargo, hasta el momento no ha habido ninguna consecuencia ni jurídica.
La excomisionada del Instituto Nacional Electoral Jacqueline Peschard considera que tanto la FGR, el Poder Legislativo y el Poder Judicial se encuentran “cooptados” y alineados con Morena, lo que ha provocado “una parálisis en las investigaciones y la falta de sanciones contra funcionarios de alta jerarquía vinculados a presuntos actos de corrupción.
“Existe un fenómeno donde un caso más grave oculta el caso anterior y ya nadie le da seguimiento. Como ejemplo, el reciente escándalo dentro del INE ha acaparado la atención pública debido a su impacto en el próximo proceso electoral, sepultando mediáticamente otros desfalcos financieros. Me parece que, ante el debilitamiento de los contrapesos del Estado y la falta de autonomía real de la fiscalía y los jueces, la única vía para romper el cerco de impunidad es el periodismo independiente y la sociedad civil organizada”, enfatizó.
Por su parte, la excomisionada del extinto Inai Norma Julieta del Río Venegas alertó sobre un intento de “normalizar” los escándalos de corrupción en el país y cuestionó la inacción de las instituciones que integran el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).
“Están jugando con la legalidad, haciendo trampa. ¿Dónde están las instancias que conforman el Sistema Nacional Anticorrupción?”, cuestionó.
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