Nos enfrentamos a las consecuencias de un austericidio criminal. La desaparición del FONDEN dejó en estado de indefensión a las comunidades afectadas por fenómenos naturales como inundaciones y deslizamientos de tierra que provocaron pérdidas humanas y materiales. Basta ver las condiciones en las que se encuentran Acapulco y otros municipios de Guerrero. En el Estado de México la emergencia ha dejado 16 muertos y cientos de afectados.
En noviembre de 2020 se decretó la desaparición del FONDEN. Dejó de ser un fideicomiso y se eliminaron sus reglas de funcionamiento y el gobierno dispuso de los casi 34 mil millones de pesos que tenía. Hoy solo tenemos la mitad de los recursos, sin reglas de operación y cada año depende de lo que se apruebe en el presupuesto. Es decir, el recurso ya no está disponible con la prontitud y cantidad que exigen los desastres.
La administración anterior dijo que habría un Bono Catastrófico 2020-2024 por un valor de $485 millones. Es importante señalar que este programa surgió como sustituto del FONDEN, pero no resolvió nada ante la tragedia que viven los estados y municipios afectados por huracanes, incendios forestales y otros desastres naturales.
En el Estado de México, municipios como Chalco, Valle de Chalco, Nezahualcóyotl, Tejupilco, Jilotzingo, Toluca, Naucalpan, Tlalnepantla, Ecatepec, Coacalco e Ixtapaluca, entre otros, esperan apoyos del gobierno federal sin resultados.
También fue desmantelada la política pública de prevención de desastres, ya que junto al FONDEN también desapareció el FOPREDEN, un fondo que estaba destinado a la prevención, creado en 2003, que se dedicaba a tres tipos de proyectos: preventivos, preventivos prioritarios y de investigación. reducir o evitar los impactos negativos y destructivos de los fenómenos naturales. En 2016, este fondo alcanzó casi 400 millones de pesos, sólo para prevención. Eso ya no existe.
Las inundaciones en varios municipios del Estado de México han causado gravísimos daños al patrimonio de miles de familias, y hay comunidades enteras sumergidas en la incertidumbre y el sufrimiento por la pérdida de sus pertenencias y la drástica reducción de su calidad de vida. Las consecuencias de las inundaciones son devastadoras. No sólo se produjeron enfermedades respiratorias, digestivas y de la piel entre los afectados, sino que además la falta de acceso a agua potable y servicios básicos ha empeorado las condiciones de vida de los habitantes de las zonas afectadas.
En el último sexenio también se eliminaron recursos para que los municipios prestaran atención a equipamientos, infraestructura, calles, vías, sistemas de drenaje, etc. Un gobierno federal que se dedicó a despilfarrar recursos públicos con absoluta opacidad y con el pretexto de supuestas austeridad.
De acuerdo con el Informe Nacional de Incendios Forestales, realizado por la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), entre enero y abril los incendios en el Estado de México dañaron 2 mil 682 hectáreas. Es preocupante que, en el sexenio anterior, la CONAFOR haya tenido fuertes recortes presupuestales. El presupuesto 2024 aprobado para la CONAFOR, 2,670 millones de pesos, presentó una reducción de casi el 50% respecto al monto aprobado en 2018 de $3,990 millones de pesos. Además, entre los 109 fideicomisos que el oficialismo extinguió en 2020, se encontraba el Fondo Sectorial CONACyT-CONAFOR para investigación, desarrollo e innovación tecnológica forestal, que ayudó a prevenir incendios.
Hoy hay deslaves en Jilotzingo y Naucalpan, hace unas semanas hubo inundaciones en municipios del oriente y el Valle de México, y hace unos meses hubo incendios forestales fuera de control. Todo responde a lo mismo: no existe política y recursos para la prevención y solución de desastres naturales. Urge recuperar recursos y políticas públicas para abordar el problema de raíz y prevenir futuras desgracias.
POR ANA LILIA HERRERA ANZALDO
@ANALILIAHERRERA
PRESIDENTE DEL PRI EDOMEX
CAMARADA
