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Por Mario Luis Fuentes*
Acapulco, otrora considerada como la joya del Pacífico mexicano, ha sido testigo de una incesante batalla contra la naturaleza, pero, sobre todo, ha sido víctima de gobiernos incapaces de aprovechar y proteger el patrimonio natural, cultural y económico que significa el que es, todavía, uno de los puertos más importantes para nuestro país.
En el último año, el desorden urbano y la permanente marginación que se han prolongado a lo largo de décadas, han hecho de Acapulco un espacio territorial devastado por dos fenómenos: los huracanes Otis y John, los que han dejado una marca imborrable en la ciudad, pero también en una buena parte del estado de Guerrero, incrementando aún más la vulnerabilidad de sus habitantes ante los desastres que son, hay que subrayarlo, más político-sociales que naturales. La magnitud de la destrucción generada por estos eventos ha provocado una crisis inédita en esa región, en la cual además se enfrenta una severa crisis social y económica derivada de la agresión, extorsiones y amenazas permanentes del crimen organizado.
El huracán Otis, de categoría 5, impactó directamente sobre Acapulco hace prácticamente un año; mientras que ahora, el huracán John, también de gran magnitud, golpea la región. Ambos fenómenos han provocado una destrucción masiva incalculable en infraestructuras sociales y económicas, en viviendas y servicios públicos. Según las primeras evaluaciones, al menos el 60% de las viviendas en zonas afectadas sufrieron daños graves o fueron destruidas por completo, con Acapulco como epicentro de la catástrofe.
El daño en la infraestructura turística y comercial también es considerable. Hoteles emblemáticos y negocios locales han quedado irreconocibles, poniendo en jaque al turismo, la principal fuente de ingresos del estado. Las imágenes de calles anegadas y edificios derrumbados circularon en medios internacionales, destacando la urgencia de una respuesta humanitaria rápida y efectiva; lamentablemente, a poco menos de un año, las imágenes que comienzan a circular sintetizan la inacción, indolencia e irresponsabilidad de los gobiernos locales luego de la dolorosa lección de Otis.
Foto: Cuartoscuro
Los resultados de estas tragedias han afectado mayoritariamente a la población en mayores condiciones de pobreza, vulnerabilidad y marginación, las cuales han provocado una de las crisis más graves en materia de pérdida de viviendas y sus equipamientos. Sin embargo, la crisis habitacional en Guerrero no es un fenómeno reciente; la Encuesta Nacional de Vivienda (ENVI) y la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2022 ya habían evidenciado las condiciones precarias de muchas de las viviendas en el estado, como resultado de rezagos históricos y estructurales.
Según datos de la ENVI, el 35% de las viviendas en Guerrero presentaban, antes de Otis, carencias significativas en su estructura, tales como techos o muros de materiales de baja calidad, vulnerables a fenómenos meteorológicos como los huracanes. Además, más del 40% carecía de acceso a servicios básicos como agua potable, drenaje o electricidad de manera constante. Hace falta dimensionar la magnitud de lo que se ha perdido, pero puede pensarse que esos porcentajes se habrán incrementado de manera muy importante en el último año.
Por su parte, la ENIGH, 2022 reveló que, en el estado de Guerrero, el ingreso promedio de los hogares es considerablemente inferior al promedio nacional. El 46% de los hogares de Guerrero se encuentran en condiciones de pobreza, y el 23% en pobreza extrema, según datos de CONEVAL, lo que agrava la vulnerabilidad de sus habitantes ante desastres naturales y las capacidades para el restablecimiento de la vida comunitaria. Miles de familias viven en asentamientos informales, donde las estructuras suelen ser endebles y no cumplen con los estándares mínimos de seguridad, y para colmo, son presa del clientelismo político y el condicionamiento de apoyos de parte de los gobiernos locales.
El Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI, en los tabulados relativos a los acuerdos y criterios de Pretoria, destaca que en Guerrero el 18% de las viviendas fueron reportadas como afectadas por fenómenos meteorológicos entre 2010 y 2020. Además, el 9% de la población reportó haber sido evacuada al menos una vez durante el mismo periodo debido a situaciones de riesgo, principalmente inundaciones y deslaves.
En la región de la Costa Grande, donde se encuentra Acapulco, del 2010 al 2020, se registraron al menos diez eventos catastróficos que provocaron daños importantes en infraestructura y viviendas. En total, se estima que al menos 120,000 personas en el estado han sido desplazadas temporal o permanentemente debido a estos desastres, lo que subraya la recurrencia y severidad del problema.
Debe tenerse siempre en cuenta que Guerrero se encuentra en una zona geográficamente vulnerable a fenómenos meteorológicos debido a su ubicación costera y su topografía montañosa. Los huracanes, tormentas tropicales y sismos son los principales fenómenos que afectan a la región. Según los datos del Atlas Nacional de Riesgos, Guerrero es uno de los estados con mayor número de eventos catastróficos a nivel nacional. Entre 2010 y 2024, el estado en su conjunto experimentó más de 30 huracanes y tormentas tropicales de gran magnitud.
Foto: Cuartoscuro
Por si fuera poco, el estado es propenso a deslizamientos de tierra debido a la saturación del suelo por lluvias intensas, especialmente en las zonas montañosas. Los registros muestran que cada año, cientos de familias pierden sus hogares por este tipo de desastres, lo que añade una dimensión aún más crítica a los retos de vivienda en la región.
La necesidad de una reconstrucción integral
La devastación causada por Otis y John constituyen poderosas advertencias sobre la urgente necesidad de replantear la política de desarrollo urbano y social en Guerrero; y en general, son al mismo tiempo un fuerte llamado a construir un nuevo curso de desarrollo para el país, en el cual se tenga como coordenadas centrales la mitigación y, en lo posible, la reversión del cambio climático y sus consecuencias.
Miles de personas en esa y otras regiones del país viven en condiciones que los hacen altamente vulnerables a futuros desastres. Si bien la ayuda inmediata es crucial, es igualmente importante que los esfuerzos de reconstrucción estén orientados hacia la construcción de comunidades y municipios resilientes que puedan soportar eventos futuros.
Los fenómenos como Otis y John seguirán ocurriendo, pero la tragedia humana puede reducirse con planificación adecuada, inversión en infraestructura y políticas públicas que prioricen la seguridad de las viviendas y, ante todo, de las personas. La esperanza para Acapulco y Guerrero no reside únicamente en la ayuda humanitaria que llegue, sino en una transformación estructural que permita a sus habitantes acceder a nuevas condiciones de bienestar y calidad de vida digna.
En conclusión, otra vez Acapulco, otra vez Guerrero. Pero esta vez, la exigencia, sobre todo para el gobierno de la República que encabezará la Dra. Sheinbaum, es que la reconstrucción no solo repare lo perdido, sino que construya un futuro más seguro y digno para las próximas generaciones.
*Investigador del PUED-UNAM
