La defensa de ocho militares procesados por el caso Ayotzinapa anunció que esta semana denunciará a los servidores públicos, entre estos el fiscal especial del asunto, Rosendo Gómez Piedra, que integraron la nueva investigación contra los elementos castrenses por presuntos vínculos con la organización delictiva Guerreros Unidos.
En conferencia de prensa, el abogado César Omar González detalló que las denuncias se presentarán contra, aproximadamente, tres o cuatro funcionarios, incluido Gómez Piedra, quien encabeza la Unidad Especial de Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa (UEILCA), así como contra dos testigos protegidos por falsedad de declaraciones.
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«Lo que sí vamos a hacer y vamos a anunciarlo desde hoy es, al igual que en su momento presentamos denuncias de carácter penal en contra del ex subsecretario (Alejandro) Encinas, en esta nueva etapa del caso vamos a presentar denuncias penales esta semana en contra de los servidores públicos, los que se encargaron de integrar esta lamentable investigación, todos los que se vieron involucrados en el trámite de esto, los vamos a denunciar penalmente», señaló González.
Acusación, basada solo en los testimonios de dos testigos protegidos: abogados
Los abogados destacaron que la nueva acusación contra los militares por delincuencia organizada está basada únicamente en los testimonios de estos dos testigos protegidos: Carla y Neto, que son “asesinos confesos” y ex integrantes de Guerreros Unidos.
“Testigos protegidos, mentirosos, olvidadizos y que de manera muy práctica y casual van recordando cosas”, dijo el litigante Alejandro Robledo.
La defensa aseguró que Raquel Ivette Duarte Cedillo, Jueza Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, quien concedió la orden de aprehensión en esta ocasión por delincuencia organizada, en junio de 2023 la negó por este mismo delito.
Incluso, los abogados destacaron que estos testimonios fueron desestimados por el entonces fiscal Omar Gómez Trejo porque no eran fiables.
FGR imposibilitada para llevar a testigos protegidos ante el juzgado
González dijo que solicitaron interrogar a los dos testigos protegidos, pero este martes fueron notificados de que la FGR estaba imposibilitada para presentarlos ante el juzgado, a uno por una cuestión médica y al otro porque no fue localizable en el domicilio que proporcionó.
Este miércoles se vence el plazo para que la jueza determine si dicta auto de formal prisión o libertad a los elementos castrenses. González señaló que la forma en que las autoridades han tratado el caso, afecta a las víctimas.
