El presidente Andrés Manuel López Obrador publicó el decreto para expropiar por causa de utilidad pública la planta productora de hidrógeno U-3400.
Se ubica en la fracción de terreno de 6 mil 451 metros cuadrados, dentro de la refinería Miguel Hidalgo, en Tula, Hidalgo.
Con el documento publicado en el Diario Oficial de la Federación la planta pasa a favor de Pemex Transformación Industrial.
El decreto afirma que la presentación de cualquier medio de defensa no suspende la ejecución inmediata de la expropiación.
En todo caso, el Estado Mexicano pagará la indemnización que determinó el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales.
Argumentos del decreto
Se afirma que la planta produce 2.1 millones de metros cúbicos de hidrógeno de alta pureza.
Este elemento es necesario para los diferentes procesos de hidrodesulfuración, y de esta manera producir combustibles como lo es gasolina y diésel con bajo contenido de azufre.
La planta se compone de equipos dinámicos y estáticos, así como de sistemas catalíticos que producen las reacciones necesarias para convertir el gas natural en hidrógeno, proceso conocido como reformación del gas natural; una vez producido el hidrógeno, se pasa por un sistema de purificación (tanques de purificación e instrumentos) y se obtiene el hidrógeno de alta pureza.
Según el decreto, se justifica la expropiación por causa de utilidad pública, ya que, por un lado, tiene por objeto hacer efectivo el derecho a un medio ambiente sano, para el desarrollo y bienestar de las personas, pues la producción de hidrógeno, materia prima para la generación de combustibles limpios que se produce en la planta de hidrógeno U-3400 debe estar a cargo de manera directa e inmediata de Pemex Transformación Industrial para la eficaz producción de combustibles limpios.
Por otra parte, Pemex Tri debe recuperar el suministro directo e inmediato del hidrógeno que proporciona la planta de hidrógeno U-3400, para la generación de combustibles limpios para el desarrollo económico del país conforme a los parámetros previstos en la normativa aplicable, pues su consumo redundará en beneficio colectivo al satisfacer necesidades económicas y sociales de la población.
