Iván Evair Saldaña
Periódico La Jornada
Viernes 12 de junio de 2026, p. 31
La última puerta para que Oliverio Chávez Araujo, apodado El zar de la cocaína, recupere su libertad podría cerrarse en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde la ministra Sara Irene Herrerías Guerra propondrá al pleno desechar la revisión del amparo con el que el capo busca tumbar la sentencia que se le impuso de casi 40 años de prisión.
Condenado por tráfico de cocaína, introducción clandestina al país de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército y otros delitos, Chávez Araujo alcanzó notoriedad a finales de los años ochenta al ser identificado por las autoridades mexicanas como pionero del tráfico de cocaína a gran escala en México.
Según las investigaciones oficiales, era abastecido por el cártel de Medellín y utilizaba Tamaulipas como platforma para enviar droga a Estados Unidos.
La entonces Procuraduría General de la República también lo acusó de encabezar un sangriento motín ocurrido en 1991, en el Centro de Readaptación Social de Matamoros, Tamaulipas, donde permanecía recluido desde 1986 por delitos contra la salud, y en el cual supuestamente vivía en una celda con privilegios y lujos.
Según la autoridad, la revuelta se originó cuando el entonces líder del cártel del Golfo, Juan García Ábrego, en medio de una disputa por el control del penal y las rutas del narcotráfico en la frontera, ordenó a reclusos ejecutar a Chávez Araujo. Como respuesta, éste encabezó un motín y tomó el control del penal durante 13 días, episodio que dejó un saldo de 18 personas muertas.
En su libro autobiográfico Hazaña: Una venganza en forma de prisión, publicado en 2025, el también conocido como rey de la cocaína rechazó los delitos que se le imputaron, denunció irregularidades y fabricación de un expediente criminal en su proceso, y aseguró que nunca hubo pruebas en su contra para imponer una pena que tendría que cumplir hasta el 7 de mayo de 2041.
Proyecto de la SCJN
El caso se originó en agosto de 1990, cuando la Policía Judicial Federal detuvo a tres personas en Matamoros, Tamaulipas, por una investigación sobre una red de tráfico de cocaína. Las autoridades señalaron a Oliverio Chávez como líder de la organización, presuntamente dirigida desde el penal de Matamoros. El Ministerio Público Federal ejerció acción penal el 1° de septiembre de ese año.
Tras una condena de 29 años y seis meses de prisión en 1992, un amparo concedido en 1994 ordenó reponer el procedimiento por la omisión de una prueba de descargo. En 1996 se dictó una nueva sentencia de 39 años y ocho meses, reducida después a 39 años y seis meses. La condena quedó firme en 2009, cuando se negó un nuevo amparo.
El asunto llegó a la SCJN en el año 2025. En el proyecto de la ministra Sara Irene Herrerías, que quedó en lista el pasado miércoles 10 de junio, propone desechar el recurso al considerar que “los planteamientos formulados por la parte recurrente no actualizan un problema genuino de constitucionalidad susceptible de ser examinado en esta instancia extraordinaria, ni revelan la necesidad de fijar un criterio de interés excepcional en materia constitucional o de derechos humanos”.
