En un ejercicio indigno, más cercano a un espectáculo que a un proceso de selección serio, el azar dejará sin empleo a cerca de 900 jueces, la mayoría con una carrera de muchas décadas.
Marco Antonio Mendoza Bustamante
OPINIÓN
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Vergonzosamente, la reforma judicial parece dar sus primeros frutos en detrimento de la República, el Estado de derecho, la democracia y la división de poderes. Hace unos días se realizó el aislamiento para determinar los jueces que serán elegidos en 2025 y aquellos cuyo proceso se realizará en 2027, así como la aprobación de las reformas a leyes secundarias que regirán el nuevo diseño de la Judicial.
En un ejercicio indigno, más cercano a un espectáculo que a un proceso de selección serio, el azar dejará sin empleo a cerca de 900 jueces, la mayoría de ellos con una trayectoria de muchas décadas al servicio de la justicia federal.
A este espectáculo digno de un casino de Las Vegas hay que sumarle las declaraciones del Presidente de la República y del coordinador de la bancada de Morena en San Lázaro, aceptando la existencia de errores motivados por “la premura” con la que se llevó a cabo la reforma. . Errores sobre los que la oposición advirtió en repetidas ocasiones durante la discusión en ambas cámaras.
Lamentablemente, el paquete de legislación impulsado por Morena propone que el proceso electoral se realice a nivel nacional, por circuito judicial, por circunscripción plurinominal, por marco geográfico y a nivel local, lo que será un desafío complejo para el Gobierno Federal. El Registro de Electores desde la demarcación Judicial es diferente al seccionamiento ya establecido por el INE.
Además, el nuevo marco legal es ignorado respecto de diversos miembros del Poder Judicial de la Federación, como son los juzgados especializados en materia de competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, además de los juzgados colegiados y auxiliares, ya que sólo prevé magistrados y jueces por circuito.
Asimismo, dejan en el tintero la elección de los “jueces sin rostro”, figura que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha declarado contraria a principios fundamentales.
Para la organización del proceso, el INE enfrentará desafíos que no están resueltos en la ley. Más allá de las dificultades operativas y presupuestarias, será titánico asegurar la viabilidad del número de papeletas que deben habilitarse por cada casilla, dependiendo de la entidad federativa y del número de cargos judiciales locales a elegir, así como la forma en el cual se deberá determinar el número de urnas a proporcionar por tipo de elección.
Se trata de una reforma mal pensada y con un diseño arriesgado que amenaza los avances democráticos de las últimas décadas. No sólo estamos ante el desmantelamiento del Poder Judicial de la Federación sino también ante una degradación de la composición del Estado mexicano y de la República.
Por: Marco Antonio Mendoza Bustamante
@MarcoMendoza_B
