En 2025, cuando el gobierno federal informó una baja en el número de homicidios en el país, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) no contabilizó 5 mil 140 homicidios dolosos que sí aparecen en la más reciente Estadística de Defunciones Registradas (EDR) a cargo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
En un cruce de información comparando cifras reportadas por el SESNSP con las de Inegi, se detalla que en 2025 el secretariado registró 24 mil 348 homicidios con base en el número de carpetas de investigación, subregistro de 17%, con los 29 mil 488 que dio a conocer Inegi con base en los certificados y actas de defunción.
El tema, incluso lo reconoció ayer la presidenta Claudia Sheinbaum en su mañanera en Palacio Nacional, e instruyó a distintos funcionarios revisar junto con Inegi el contraste en la cifras dadas a conocer por una y otra institución.
En su análisis, el investigador y demógrafo de la UNAM, Héctor Hernández Bringas, señala que si bien las mediciones son distintas, deberían parecerse: un certificado que dice homicidio debería implicar una carpeta de investigación.
Indicó que llama la atención que 2025, año que las autoridades consignan como el de mayor reducción de homicidios, sea también el de mayor subregistro con respecto al Inegi, pues 5 mil 140 homicidios más en las cifras del instituto con las del secretariado es una diferencia de más de 17 puntos porcentuales.
“Nunca una diferencia tan grande. En 2019 era de 2.6%, y aún en 2024 fue de casi 8%. Nunca una diferencia de 17%”, añade el investigador universitario.
Esto tiene implicaciones en cómo se miden los avances en materia de homicidios. Según el SESNSP, la tasa de homicidios en 2025 (18.3 por cien mil) cae casi 22% respecto a 2024, y de acuerdo con Inegi, la tasa en 2025 (22.1 por cien mil) cae casi 13%. También se refleja en el promedio de homicidios diarios en 2025: 67 para el SESNSP vs 81 para Inegi.
Sin embargo, el análisis de Hernández Bringas indica que esas diferencias sólo se refieren al promedio nacional. La situación no es homogénea en los estados.
“Hay estados en los que la brecha con Inegi es muy considerable. Llama la atención Zacatecas, donde supuestamente hubo mayor avance en cifras oficiales (70%), pero que presenta un subregistro de 45% con respecto al Inegi. Quintana Roo, 44%; San Luis Potosí, 42%, y Estado de México, 40%. En general, 16 estados están por encima del promedio nacional (17%)”.
En cambio, agrega, hay entidades donde las diferencias son muy menores o incluso inversas: Morelos (0%), Ciudad de México (9%), Veracruz (8%) y Oaxaca (12%).
Incluso, el demógrafo refiere que hay 10 entidades que concentran 85% de las víctimas, según Inegi y que no están en SESNSP (4 mil 386 de los 5 mil 140 crímenes), siendo el Estado de México donde Inegi registra mil 38 asesinados más que no aparecen en los datos del secretariado; Guanajuato, 775; Sonora, 484; Chihuahua, 442; Baja California, 373; Nuevo León, 346; Michoacán 291; Quintana Roo 242; Sinaloa 229, y Jalisco, 166.
Héctor Hernández Bringas agregó que la pregunta es por qué hay 5 mil 140 actas de defunción que consignan homicidios y que no están en carpeta de investigación. “Sin duda ello genera suspicacias. Existen incentivos en las fiscalías locales por reclasificar homicidios en otras categorías como homicidios culposos, suicidios u otros delitos contra la vida”.
*Tiene como fuente los certificados y actas de defunción. **Hace sus mediciones a partir de carpetas de investigación. Fuente: Inegi y SESNSP.
Detalla que el Inegi hace revisiones o confrontas y logra rescatar algunos casos de evidentes homicidios que fueron mal clasificados. Pero no recupera todos.
Entre las sospechas más evidentes está la que ha establecido la organización México Evalúa: los homicidios se reclasifican a la categoría de “otros delitos contra la vida”.
El académico expuso que lo más preocupante es: “sucesos locales que dañan la integridad física, pero cuyas características técnicas varían según el código penal de cada estado”, es un cajón de sastre donde puede caber todo, incluso homicidios ocultos.
Algunos de los estados con más brecha tienen altos niveles de registro en esa categoría. Lo cierto es que muchas fiscalías estatales pueden actuar con discrecionalidad al respecto. Sin duda hay un incentivo político para la reclasificación de los homicidios, concluye Hernández Bringas.
La presidenta Claudia Sheinbaum informó que su gobierno mantiene una mesa de trabajo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) para revisar la diferencia entre las cifras de homicidios dolosos registradas durante 2025, luego de que ambos organismos reportaran cantidades distintas de víctimas.
Al ser cuestionada sobre las razones de esta discrepancia durante su conferencia matutina, Sheinbaum Pardo explicó que las cifras del gabinete de seguridad tienen como fuente principal los reportes de las fiscalías estatales y de la Fiscalía General de la República (FGR), que informan diariamente sobre las carpetas de investigación iniciadas por homicidios dolosos y el número de víctimas registradas en cada una.
Detalló que, cuando ocurre un asesinato, la fiscalía correspondiente debe abrir una carpeta de investigación, independientemente de que se trate de un hecho relacionado con la delincuencia organizada, una riña u otra circunstancia.
En el caso de los delitos del fuero común intervienen las fiscalías estatales, mientras que los de competencia federal son investigados por la FGR.
“Los datos del gabinete de seguridad que presentamos aquí vienen de los datos de las fiscalías estatales y de la FGR. Cuando hay un homicidio doloso, sea por riña, sea por delincuencia organizada o por alguna otra situación, necesariamente se abren carpetas de investigación”, indicó.
Precisó que las fiscalías de los 32 estados reportan diariamente sus registros al secretariado ejecutivo y estos datos son sometidos a revisiones semanales para actualizar las estadísticas.
Agregó que, al concluir cada mes se otorgan alrededor de 10 días adicionales para que las fiscalías entreguen cifras definitivas.
En contraste, expuso que la metodología del Inegi parte de los registros administrativos relacionados con las defunciones, particularmente de los certificados médicos de fallecimiento, elaborados por médicos legistas o personal médico, así como de las actas de defunción expedidas por los registros civiles de cada entidad.
Sin embargo, continuó, en el caso de 2025 se identificó una diferencia entre ambas estimaciones mayor a la observada en años anteriores, situación que también forma parte de la revisión que mantienen las instituciones.
“Entre la cifra preliminar y definitiva, en este caso en 2025, de los propios datos del Inegi hubo una diferencia mayor a la que había venido en los años anteriores. Entonces, lo que estamos es en una mesa de trabajo para ver por qué se dio esta situación”, indicó.
La Mandataria federal agregó que el análisis se realiza estado por estado para identificar las diferencias entre los homicidios reportados por las fiscalías y aquellos que posteriormente aparecen en los registros civiles utilizados por el Inegi.
Ante la pregunta de si los resultados de esta revisión serán dados a conocer públicamente, la Presidenta respondió que sí y aseguró que se informará sobre las conclusiones de las mesas de trabajo.
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