El líder del Senado informó que este domingo presentarán impugnaciones ante el Tribunal Electoral.
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El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, dijo que mañana presentarán impugnaciones contra las candidaturas a la Elección Judicial que no cumplen con los requisitos de idoneidad.
A través de una plática con sus seguidores en redes sociales este viernes, Noroña enfatizó que cuentan con argumentos y evidencias sólidas sobre candidatos vinculados al crimen organizado.
“Tenemos información muy sólida para impugnar un puñado de candidaturas, juezas, jueces, que han estado favoreciendo a grupos criminales, también candidaturas no idóneas que hubo alguna falla y que se debe corregir”, dijo.
“El equipo jurídico está en condiciones de presentar las impugnaciones”.
El morenista indicó que acudirá este domingo junto con el presidente de la Cámara de Diputados al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para presentar las impugnaciones, para las cuales no hay plazo.
“Hemos decidido que el domingo saliendo del consejo nacional de Morena Sergio Gutiérrez Luna y un servidor vamos a presentar las impugnaciones, estamos en tiempo, porque ese tipo de impugnaciones no tienen plazo, pueden ser en cualquier momento que se tenga información sobre la falta de idoneidad y hay argumento fuertes, no vamos a meter ninguna impugnación que no sea sólida”, apuntó.
Noroña condenó que haya un juez con una sentencia firme por abuso sexual que busca participar en la elección judicial.
INE no cancelará candidaturas ni investigará nexos con el crimen
En días pasados, el Instituto Nacional Electoral (INE) acordó revisar que los candidatos electos a cargos judiciales cumplan con los requisitos de elegibilidad, pero no cancelará candidaturas previo a la elección del 1 de junio.
El acuerdo del Instituto deja fuera investigaciones a perfiles ligados con el narcotráfico o sean litigantes de defensa del crimen organizado, supuestos evidenciados por diversas organizaciones.
La consejera presidente de INE, Guadalupe Taddei, rechazó la medida al considerar una duplicidad y carga de funciones e infringe el principio de mínima intervención del Estado.
Por procedimiento, el TEPJF es quien tiene la última palabra para calificar la elegibilidad de los candidatos a cargos judiciales.
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