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Una jueza federal dictó la tarde de este miércoles auto de formal prisión contra los ocho militares reaprehendidos y presuntamente relacionados con el caso Ayotzinapa.
Fue Raquel Ivette Duarte, jueza Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, quien dictó formal prisión contra los soldados, a quienes ahora se les acusa por el delito de delincuencia organizada.
La Fiscalía General de la República (FGR) ha señalado a los militares por supuestamente tener nexos con el cártel de Los Guerreros Unidos, por lo que las pruebas presentadas fueron consideradas como suficientes por la juzgadora, de tal forma que ordenó mantenerlos tras las rejas.
Cabe señalar que el delito de delincuencia organizada es considerado como un delito grave, por tal motivo, los acusados no cuentan con ningún tipo de beneficio que pudiera dejarlos en libertad.
Los ocho militares fueron notificados por videoconferencia, por lo que tras la resolución de la juez permanecerán recluidos en la prisión del Campo Militar 1-A de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), ubicado en la Ciudad de México.
Es importante mencionar que la denuncia de delincuencia organizada presentada por la FGR se registra luego de que testigos protegidos identificados como “Carla” y “Neto” acusaran a los militares de recibir sobornos por parte del grupo criminal Guerreros Unidos.
Abogados rechazan nuevas acusaciones contra militares
Sin embargo, abogados de los soldados calificaron dichas confesiones como falsas, de tal forma que ejercerán acciones legales en contra de los testigos protegidos y contra funcionarios de la Fiscalía General de la República que giraron las nuevas órdenes de aprehensión en contra de sus clientes.
Los abogados precisaron que presentarán denuncias penales en contra de las y los funcionarios de la FGR que se encargaron de integrar la investigación, así como girar las nuevas órdenes de aprehensión; entre los cargos que señalarán son falsedad e ilícitos en contra de la administración de justicia.
Según lo explicado por los litigantes, la investigación integrada por el fiscal de la Unidad Especializada de Investigación por el caso Ayotzinapa es “una marranada” y que el cambio de medida cautelar contra los militares es un «coletazo con fines electoreros».
Incluso se lanzaron contra la Secretaría de Gobernación (Segob), dependencia a la que calificaron como «brazo armado» del Ejecutivo, pues afirmaron que la dependencia influyó en que se giraran nuevas órdenes de aprehensión en contra de los militares.
Cabe recordar que apenas el pasado 20 de enero, una jueza federal resolvió poner en libertad a los soldados ante la falta de pruebas por parte de la FGR, resolución que se hizo efectiva cuatro días después.
A los ocho militares se les dictó la medida cautelar de firmar periódicamente, además de entregar sus pasaportes, una garantía económica y no acercarse al lugar de los hechos.
Sin embargo, dicha resolución fue rechazada por la Fiscalía, quien apeló la decisión y solicitó una nueva orden de aprehensión contra los militares ahora por el delito de delincuencia organizada.
