Organizaciones de la sociedad civil alertaron sobre un derrame de petróleo cerca de la plataforma Akal-B de Petróleos Mexicanos (Pemex), en Campeche, la cual sufrió una explosión e incendio el pasado 6 de abril.
Las organizaciones lograron detectar el derrame de crudo en el Golfo de México gracias a imágenes satelitales.
De acuerdo con un comunicado conjunto de las organizaciones, el derrame inició alrededor del 22 de marzo de este año y al menos hasta el 9 de abril seguía activo, acumulando 18 días de fuga ininterrumpida. Se calcula que el crudo abarca una superficie mínima aproximada de 390 kilómetros cuadrados, una dimensión similar a la del derrame registrado en julio del año pasado.
“Una vez más, es a partir de una explosión en una plataforma de Pemex que se detecta un derrame no reportado por las autoridades” apuntan en el documento.
Ante ello, urgieron información transparente, medidas de atención, mitigación y de no repetición; también solicitaron una conversación sobre Pemex y la seguridad de sus trabajadores, la seguridad de las comunidades que conviven con su infraestructura, el futuro de la petrolera y su responsabilidad frente a la crisis climática.
La repetición de estos desastres subraya la inaplazable necesidad de abandonar la extracción y quema de combustibles fósiles (petróleo, gas y carbón) en nuestro país, señalan. “El siniestro del 6 de abril no puede considerarse un mero accidente, sino que es una consecuencia inherente de un sistema que sacrifica la seguridad de trabajadores, comunidades y el medio ambiente en pos de la explotación de recursos fósiles”.
La principal responsabilidad de los hechos acontecidos y su mitigación recae tanto en Pemex como en las autoridades encargadas de garantizar la seguridad y la preservación ambiental en estas operaciones, en particular la Agencia de Seguridad Energía y Ambiente (ASEA).
La ASEA es la agencia gubernamental encargada de regular y supervisar las instalaciones y actividades del sector hidrocarburos en las materias de seguridad industrial y operativa, y de protección al medio ambiente. A pesar de ser directamente responsable de regular y sancionar a Pemex, demuestra reiteradamente su incapacidad para abordar las causas de estos siniestros y prevenir estos desastres, afirman.
El aumento del 152% en la frecuencia de “accidentes” de Pemex en los últimos dos años, a la par de una disminución del 49% en el presupuesto destinado al mantenimiento de instalaciones, evidencian que en Pemex se han tomado decisiones administrativas que anteponen la extracción acelerada de combustibles fósiles a la inversión en seguridad y mantenimiento de la infraestructura existente, sostienen las organizaciones.
Las organizaciones exigieron que las autoridades correspondientes informen con claridad sobre el siniestro ocurrido en Akal-B, sus impactos y las medidas que se tomarán para prevenir la repetición de estos incidentes. De igual forma, demandaron información sobre las acciones para atender el derrame de petróleo detectado y para la mitigación de sus impactos en los ecosistemas marinos, la salud de las personas y los medios de subsistencia de las poblaciones costeras.
Organizaciones firmantes:
Alianza Mexicana Contra el Fracking, BCSicletos, CartoCrítica A.C, Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), Colectivo Ecologista Jalisco A.C., Comité Ecológico Integral, Conexiones Climáticas AC, CORASON, Defensa Ambiental del Noroeste, Engenera AC, #EsGasFosil, GDL en Bici, Greenpeace México AC, Nuestro Futuro AC, Organización Familia Pasta de Conchos, Padres por el Futuro Mty, Planeteando, Proceso de Articulación de la Sierra de Santa Marta, Programa de Movilidad Urbana Sustentable del ITESO.
