Cuando la reforma judicial estaba en su efervescencia pública, Ricardo Raphael hizo una propuesta valiente: si quieren justicia cercana al pueblo, en lugar de elegir, deberíamos restaurar el sistema de jurados populares que existió en México hasta 1929, y que fue suprimido por una reacción política, un episodio histórico que detalla magistralmente en su artículo periodístico: “Revivir el jurado popular, mejor que los jueces votantes”.
Estos días he repensado esa propuesta y considero que apunta hacia dónde debemos dirigir nuestros esfuerzos democráticos: no sólo en la creación de instituciones que apoyen a las personas que moldean las decisiones públicas sino en la construcción de un sistema donde los ciudadanos realmente puedan ser escuchados y oídos, porque son el factor decisivo final en la toma de las decisiones trascendentales para nuestro país.
México ha vuelto a ser escenario de un modelo partidista hegemónico donde la “legitimidad” de sus decisiones son los votos que se acumulan en las alforjas partidistas. Hemos visto cómo reformas trascendentales se aprueban con el velo ilusorio de la participación ciudadana. Se realizan reuniones, encuestas, consultas, foros, todos llamados “ciudadanos”, y, con ello, barnizan sus decisiones con la “voz popular”, pero los convocados sólo son “escuchados, pero no escuchados”.
El impacto real de estos foros ha sido mínimo, si no inexistente. Las meteóricas aprobaciones de enmiendas constitucionales y legales muestran que los cálculos políticos, partidistas o de lealtad personal son el determinante central, y no la voz popular, en el consenso legislativo.
Si la idea central de un “jurado popular” en las funciones jurisdiccionales es que las decisiones de un juez estén informadas por veredictos informados de ciudadanos comunes, esta misma premisa debería trasladarse a la función legislativa: un jurado popular legislativo, de ciudadanos, para brindar la decisión final a los órganos legislativos.
Pensar en este “jurado legislativo” como el “jurado judicial” sería reconocer que la sabiduría no es propiedad exclusiva de los funcionarios adornados con el voto popular, sino un recurso permanente entre todas las personas. Es en el consenso de los diversos crisoles de nuestra mexicanidad, en el que encontraríamos las soluciones a nuestros problemas. Desde la unidad, y no desde la polaridad, es donde encontraremos el frente común para construir.
Un ejemplo de este idílico consenso ciudadano lo podemos encontrar en Irlanda. En sus procesos parlamentarios, el “juicio ciudadano” es el corazón de ese sistema y el antídoto para resolver los problemas que la política tradicional no puede o no quiere resolver.
En su maquinaria deliberativa, un hito destacable fue la Asamblea de Ciudadanos de Irlanda 2016-2018, que estuvo integrada por 99 ciudadanos de a pie [sin políticos en su integración]seleccionados mediante lotería cívica estratificada en términos de edad, género, clase social y región geográfica.
Pero además de su integración plural, el proceso deliberativo fue un ejemplo de verdadera “inteligencia colectiva”, pues no fue sólo un simple voto de preferencias, sino un proceso que exigió conjuntamente aprendizaje, deliberación y consenso.
En este momento necesitamos más deliberación ciudadana y menos partidismo: que el músculo democrático se ejerza desde una verdadera fuerza popular que sea escuchada, escuchada y efectivamente empoderada.
POR JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, MINISTRO DE JUBILACIONES DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
CAMARADA
