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La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) anunció que tres elementos de la Guardia Nacional (GN) fueron separados de su cargo, debido a que están involucrados en el asesinato de un par de personas de Colombia, hecho que ocurrió el pasado 2 de noviembre en las inmediaciones del parque eólico La Rumorosa, en Baja California.
A través de un documento, difundido este domingo, la Sedena confirmó que los elementos de la GN «se encuentran temporalmente separados de sus funciones de forma precautoria, en tanto las autoridades competentes llevan a cabo las investigaciones», aunado a que la Fiscalía General de Justicia Militar también tomará cartas en el asunto.
De acuerdo con la versión de la Sedena, el 2 de noviembre en punto de las 13.00 horas, los efectivos de la GN hacían labores de reconocimiento en la zona ya mencionada y que sirve de ruta para el tráfico de migrantes, cuando se encontraron de frente con dos vehículos, desde donde agredieron a los agentes federales.
En la refriega fallecieron dos personas, cuatro resultaron lesionadas y una más resultó ilesa; aparte de que las autoridades aseguraron un vehículo, un arma corta, un chaleco táctico, un par de cargadores para arma corta, tres cartuchos y nueve cargadores para arma larga, «a las personas heridas se les proporcionaron primeros auxilios».
Las dos personas fallecidas en este ataque eran de nacionalidad colombiana, así lo confirmó el Ministerio de Relaciones Exteriores de aquella nación, «lamentablemente, dos de nuestros connacionales perdieron la vida en medio del enfrentamiento (…) los otros cinco colombianos resultaron heridos y fueron trasladados de inmediato al Hospital General de México», anunciaron.
El Ministerio de Relaciones Exteriores anunció que los colombianos fallecidos son: Yuli Vanessa Herrera, quien tenía 37 años de edad, y Ronaldo Andrés Quintero, de apenas 20 años. Anunciaron que hay colaboración con las autoridades mexicanas para recabar información detallada y asegurar la asistencia consular.
Por su parte, la Sedena estableció coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), con la finalidad de dar parte a las autoridades colombianas, «la Sedena, en el ámbito de su competencia, refrenda su compromiso de actuar con estricto apego al estado de Derecho, bajo una política de cero impunidad», remarcó.
