A tres días de las elecciones 2024, las más grandes de la historia, la violencia político-electoral cometida por el crimen organizado permanece. Una de las dudas más frecuentes cuando empezó el proceso rumbo al 2 de junio fue qué papel iba a desempeñar la delincuencia organizada.
Ahora sabemos que es responsable de más de una treintena de asesinatos de candidatos y precandidatos, y que a pesar de que la injerencia de los grupos criminales fue un problema reconocido por el Instituto Nacional Electoral (INE), por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y por la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC) las acciones para reducir la violencia político-electoral fueron insuficientes.
Una de las acciones del gobierno federal para combatir la violencia contra candidatas y candidatos fue proporcionar seguridad a quienes lo solicitaron a través de los organismos electorales. En total desplegó a 3 mil 475 elementos de las Fuerzas Armadas para proteger a 560 candidatos y candidatas, según Milenio.
Todo apunta a que la violencia político-electoral no va a concluir con el cierre de las elecciones 2024, sino que va a trascender a la etapa de transición y de ejercicio del poder, de acuerdo con David Saucedo, especialista en seguridad.
El analista explicó en entrevista con Radio Fórmula Digital que distintos especialistas consideraban que la violencia político-electoral iba a presentarse con la misma dinámica que en las elecciones pasadas, es decir que los grupos criminales iban a intentar “ganar posiciones” mediante ataques contra candidatos y candidatas o tratando de sumarlos a sus proyectos criminales, pero fue diferente.
“Se aprecia que quizá ahora no sólo haya violencia en el proceso electoral actual, sino una vez que tomen posesión las autoridades electas es factible suponer que también haya ataques en contra de quienes resulten ganadores”, comentó.
Saucedo consideró que los grupos del narcotráfico invirtieron recursos en los proyectos políticos de algunos candidatos, hubo aspirantes que resistieron ser cooptados y se blindaron con la Guardia Nacional. Sin embargo, con lo que ha sucedido hasta ahora, el especialista apuntó la posibilidad de que las células delictivas no se detengan e insistan en “conquistar” territorios por la fuerza.
“Puede ser que la violencia no concluya el 2 de junio, sino que trascienda la etapa de transición y una vez que las autoridades electas tomen posición se dé nuevamente esta presión de los grupos de crimen organizado para ganar espacios de poder político que a su vez les da dominio territorial para desplegar su portafolio de actividades criminales.
Entonces cambia el escenario en el sentido de que ahora percibimos que puede haber violencia antes del proceso, durante la elección y en la transición de las autoridades y finalmente una vez que las autoridades tomen posesión», sostuvo.
Esto quiere decir que la violencia-político electoral llegó para quedarse, según Saucedo. Esto se debe a que no es un fenómeno que se presente de forma aisalda cada tres años, parece que ahora la presión de los grupos criminales y del narcotráfico hacia las estructuras del poder político va a formar parte de la violencia de todos los días del país.
¿Cuántas personas precandidatas y candidatas fueron asesinadas durante las elecciones 2024?
La violencia político-electoral cometida por el crimen organizado se extendió hasta los cierres de campaña. La última víctima fue José Alfredo Cabrera, candidato del PRI-PAN-PRD a la alcaldía de Coyuca de Benítez, en Guerrero.
El candidato fue atacado con un arma de fuego en la cabeza durante el evento que organizó para su cierre de campaña, a pesar de la presencia de la Guardia Nacional. La periodista Guadalupe Gutiérrez informó en el noticiero de José Cárdenas para Grupo Fórmula que, según información extraoficial, hubo otras dos personas que murieron y hubo un detenido.
Mientras que Lenin Ocampo, periodista de El Sur de Guerrero, detalló a Azucena Uresti que el agresor se infiltró en el mitin con una silla de ruedas para acercarse a Cabrera sin levantar sospecha. También dijo que fue abatido tras el homicidio, pero esta información no ha sido confirmada por autoridades.
En otros casos, como el de Leticia Salazar, candidata del PAN a la presidencia municipal de Matamoros, Tamaulipas, tuvieron que suspender sus cierres de campaña por amenazas.
En este caso, el cantante de corridos bélicos Luis R. Conríquez, quien fue invitado al evento de Salazar, recibió amenazas para que no se presentara en el cierre de campaña, por lo que la candidata suspendió el evento. Ella y su familia también fueron amenazados en varias ocasiones durante el proceso electoral, pero no abandonó la candidatura.
El gobierno federal tiene registro de ocho candidatas o candidatos asesinados durante el proceso electoral registradas de manera oficial ante el INE o ante los organismos electorales locales; así como cuatro homicidios de precandidatos o precandidatas y 10 de aspirantes.
No obstante, no existe una base de datos pública que elaboren las instituciones gubernamentales sobre los hechos y ataques violentos registrados en cada periodo electoral. Los datos disponibles son de organizaciones no gubernamentales que realizan registros de acuerdo a la información que publican los medios de comunicación y la que comparten algunos partidos políticos.
El Laboratorio Electoral es una de ellas y su monitoreo arrojó que durante las elecciones 2024 se registraron 320 eventos violentos, de los cuales 93 corresponden a asesinatos.
El director de la organización, Arturo Espinosa, detalló en entrevista con Azucena Uresti para Grupo Fórmula que del total de homicidios, 36 fueron de candidatos o precandidatos. Además, hubo 131 amenazas, 77 atentados y 17 secuestros.
La consultora Integralia también realizó su propio registro de ataques durante el proceso electoral y documentó 231 homicidios, de los cuales 34 fueron de candidatos o precandidatos, según señaló el director Luis Carlos Ugalde en entrevista con Ciro Gómez Leyva para Grupo Fórmula. Ugalde también dijo que este proceso electoral va a concluir con un estimado de 741 víctimas.
Data Cívica es otra de las organizaciones que registra la violencia político-electoral cometida por el crimen organizado a través de la plataforma “Votar entre balas”. Sus datos señalan que en las elecciones 2024 se han registrado 26 personas precandidatas y candidatas asesinadas.
A los homicidios se añaden los siguientes ataques: 28 amenazas, 13 ataques armados, 22 atentados y 9 secuestros durante este año.
Los datos anteriores muestran que el proceso electoral de este año es el más letal que se ha registrado en México hasta ahora por la cantidad de víctimas y el número de homicidios de personas precandidatas y candidatas.
Chiapas, Guerrero y Guanajuato, los estados con más hechos violentos
Chiapas es la entidad que ha registrado más hechos violentos durante las elecciones 2024, con 47, de acuerdo con “Votar entre balas”. Esta entidad se convirtió en uno de los epicentros de la violencia desde el año pasado a causa de los enfrentamientos del Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Las disputas de los dos cárteles escalaron al proceso electoral. Hasta el 20 de mayo, 515 candidatos y candidatas de 11 partidos políticos y dos coaliciones renunciaron a sus cargos de elección popular, de acuerdo con el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC).
Los motivos fueron diversos, incluyen razones personales, cambios en la planilla, motivos laborales, cambios de residencia, problemas de salud y casos en los que las personas no sabían que estaban postuladas y decidieron renunciar. Aunque uno de los datos más preocupantes es que 29 renuncias fueron por motivos de inseguridad.
Guerrero y Guanajuato son las dos entidades que ocupan el segundo y tercer lugar con más hechos violentos durante el proceso electoral actual, con 39 y 38, respectivamente.
No hay una estrategia para combatir la “narcopolítica”
David Saucedo señaló que, hasta ahora, no se ha presentado una estrategia real para combatir la “narcopolítica”, es decir a los candidatos y candidatas que aceptan financiamiento de los grupos criminales, principalmente del narco, y después se convierten en funcionarios públicos. Por la falta de esta estrategia resulta imposible conocer cuántos candidatas y candidatos pactaron con grupos criminales.
“Detrás de cada asesinato hay una cifra negra que no se conoce de candidatos que sí pactaron con el narco, candidatos a alcaldes, a gobernadores, que al final frente a la amenaza latente de sufrir un atentado ellos o sus familias decidieron doblarse y aceptar los ofrecimientos del narco, esa es la verdadera tragedia que vive en México”, añadió.
El especialista indicó que hay una cifra de candidatos y candidatas asesinadas, pero detrás de cada una hay “N” cantidad de aspirantes que sí aceptaron la amenaza-oferta.
Saucedo mencionó que la implementación de una ley, como la de «La silla vacía» en Colombia, es una de las acciones que se podría implementar para combatir la «narcopolítica». Dicha legislación consiste en someter a procesos judiciales a funcionarios sospechosos de tener nexos con el crimen organizado.
Si se descubre que es así, no sólo la persona involucrada pierde el cargo y es encarcelado, sino que el partido político que lo postuló es sancionado, por lo que no puede postular candidatos y candidatas a ese cargo de elección popular durante dos o hasta tres periodos.
Así se obliga a los partidos políticos a revisar los perfiles de sus candidatos y candidatas, a no postularlos si están vinculados o hay riesgo de que se relacionen con grupos criminales. También se garantiza que los
«Esas serían medidas reales para enfrentar a la narcopolítica, pero estamos años luz en México de discutir ese tipo de estrategias», concluyó.
