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sábado, julio 27, 2024

Políticas públicas comprometidas con la reducción de CO2

COLUMNA INVITADA

Donde analizan las emisiones de dióxido de carbono (CO2), relacionadas con la generación de electricidad en cuatro países latinoamericanos: Argentina, Brasil, Colombia y México

OPINIÓN

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Manuel Rodríguez González / Colaborador / Opinión El Heraldo de MéxicoCréditos: Especial

La apuesta por las energías renovables para combatir el cambio climático ha sido una constante desde la formación académica y científica de la candidata presidencial Claudia Sheinbaum, pero sobre todo como gobernante. Esto se confirma en el artículo que escribió junto con Belizza Janet Ruiz-Mendoza: Electricity sector reforms in four Latin-American country and its impact on carbon dioóxido de carbono y energías renovables, revista Energy Policy, 2010.

Donde analizan las emisiones de dióxido de carbono (CO2), relacionadas con la generación de electricidad en cuatro países latinoamericanos: Argentina, Brasil, Colombia y México en el contexto del proceso de liberalización del sector energético ocurrido en la década de 1990. noventa.

Concluyendo que esto condujo a la reducción de la participación de fuentes de energía renovables en la capacidad de generación instalada, manteniendo constante el índice de emisiones de CO2 en todos los países; excepto Colombia, que redujo su índice con el aumento de la generación hidroeléctrica.

Los investigadores señalan que, como en otras regiones del mundo durante la década de 1990, en el marco de la renegociación de la deuda externa, se llevó a cabo un cambio estructural en el sector eléctrico de América Latina, donde organismos multilaterales e instituciones financieras recomendaron fomentar la inversión privada nacional e internacional, la integración de los mercados energéticos como parte de la integración económica regional, así como aumentar el ritmo de electrificación y promover la eficiencia energética.

El documento indica que desde 1980, bajo dos tendencias, el sector energético dio un giro a través de reformas; el primero bajo un proceso de reforma donde los gobiernos productores de energía vendían electricidad a través de empresas de servicios públicos; y el segundo, basado en la propiedad privada y la competencia con la intención de aumentar la eficiencia y la privatización para frenar un déficit en las finanzas públicas; Esta última tendencia fue la visión que dominó las reformas en América Latina.

Este proceso de liberación del sector eléctrico redefinió el papel del Estado y el aumento de la participación privada, así como la incorporación de nuevos mecanismos regulatorios y de mercado; Sin embargo, no se tradujo en un mejor desempeño en relación a las emisiones de gases de efecto invernadero, al incrementar las plantas de generación eléctrica utilizando combustibles fósiles.

Como se señala en el artículo citado, con la Reforma a la Ley del Servicio Público Eléctrico de 1992 se inició en México una etapa de privatización del sector, y también limitó el crecimiento de las energías renovables al establecer un tope a la generación distribuida. de sólo 0,5 megavatios; Para superar este techo, como señala Claudia Sheinbaum, es necesario contar con políticas públicas y marcos regulatorios comprometidos con la reducción de CO2.

POR MANUEL RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
DIPUTADO FEDERAL
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE ENERGÍA
DE LA LXV LEGISLATURA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN
WWW.MANUELRODRIGUEZ.MX

ZEE

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