De acuerdo con los datos de la encuesta más reciente de movilidad social que realiza el CEEY (ESRU-EMOVI 2017), el 82 por ciento de los hombres participan en el mercado laboral. En cambio, del total de las mujeres, solamente el 43 por ciento lo hacen. Además, entre las madres que tienen hijos menores de 6 años, la participación laboral se reduce hasta el 36 por ciento. Es decir, en el caso de las mujeres, ser madre conlleva una penalización laboral, con lo cual el espacio para mejorar sus condiciones socioeconómicas resulta todavía más reducido.
Considerando lo anterior, en el ámbito del mercado de trabajo, el CEEY ha impulsado la propuesta de ampliar e igualar las licencias de maternidad y paternidad, además de hacerlas obligatorias. Por el lado de los empleadores, esto evitará sesgos en contra de las mujeres durante su reclutamiento y avance en la trayectoria laboral. Además, por el lado de los hogares, la obligatoriedad reducirá los estereotipos de género que tradicionalmente les asignan la obligación del cuidado a las mujeres.
Una característica del proceso de la baja movilidad social observada en México está en la diferencia entre la etapa de formación educativa y la de participación en el mercado laboral. Es decir, a pesar de que en el ámbito educativo se mantiene una alta asociación entre el origen y el destino de las personas, en el laboral resulta mayor. El caso de las mujeres nos permite identificar lo anterior: si tomamos en cuenta el nivel de escolaridad, la brecha de género prácticamente se ha cerrado; sin embargo, en el mercado laboral no ha sucedido lo mismo. De hecho, México se caracteriza por ser una de las economías de la región con mayor brecha de género en la participación laboral. En cuanto a la posible explicación de lo anterior, una razón muy importante es el papel que desempeña la maternidad. No obstante, no es aceptable que ser madres genere costos para las mujeres con un efecto duradero en cuanto a su participación en el mercado laboral, su trayectoria de ingresos y la disponibilidad de tiempo para hacer actividades distintas a la del cuidado.
En un trabajo reciente sobre el caso mexicano, Sandra Aguilar Gómez, Eva Arceo Gómez y Elia de la Cruz Toledo, con base en datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), estiman que 15 meses después del nacimiento de un nuevo hijo, la participación laboral de las madres se reduce en 32 por ciento, mientras que el ingreso laboral cae un 20 por ciento. Por el contrario, para los padres no se observa un cambio en su participación laboral. Además, el incremento en el trabajo no remunerado que acarrea la llegada de un nuevo hijo resulta de 5 horas por semana para los padres, mientras que para las mujeres alcanza las 15 horas. En cuanto a la permanencia en el tiempo de estos efectos, existe otro trabajo de Raymundo M. Campos Vázquez, Carolina Rivas Herrera, Eduardo Alcaraz y Luis A. Martínez, con el que encuentran que, 6 años después del nacimiento de un hijo, hay una penalización para las madres de 20 por ciento en cuanto a su participación en el empleo formal en comparación con los padres. Además, en términos salariales, dicha penalización alcanza el 10 por ciento entre las madres de ingresos altos, pero se amplía hasta el 40 por ciento entre las de los estratos más bajos.
Si queremos que en el mercado de trabajo las personas puedan desarrollarse profesionalmente en igualdad de condiciones, se requiere eliminar las distorsiones que generan las instituciones informales. En el caso del cuidado, se deben establecer bases más justas relativas a la carga de trabajo no remunerado que se realiza al interior de los hogares. Además, en el mercado de trabajo, es necesario eliminar los incentivos para darles un tratamiento diferenciado y de menor valor social a las personas por condiciones como la de ser madre.
*Director ejecutivo del CEEY. X: @robertovelezg.
