Alonso Urrutia
Periódico La Jornada
Lunes 29 de abril de 2024, p. 9
El desplazamiento de comunidades en Chiapas por diversos conflictos locales ha afectado a alrededor de 5 mil personas, de acuerdo con datos de las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y Gobernación (SG). Sin embargo, 80 por ciento de éstas se concentran en la región de Frontera Comalapa, derivado del enfrentamientos de grupos criminales que aterrorizan a pobladores a quienes han despojado de viviendas, cosechas y ganado
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Un documento oficial de las dependencias señala que la problemática se presenta más agudamente en La Candelaria, Lajerío y Benito Juárez, donde incluso se han llevado a personas para obligarlas a trabajar para ellos
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El desplazamiento forzado de personas abarca 10 municipios y 16 comunidades chiapanecos. En muchos el problema ya tienen varios años, aunque las secretarías reconocen diversas causas: enfrentamientos entre grupos criminales; intolerancia religiosa y expulsión de grupos disidentes a la religión mayoritaria; pugnas entre grupos étnicos; disputas agrarias o de límites territoriales, así como conflictos electorales por el control de puestos de elección popular.
Sin embargo, de acuerdo con la SSPC, la mayoría de la gente desplazada ha podido retornar a sus lugares de origen acompañada de las fuerzas de seguridad. La Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional han implementado operativos disuasivos en coordinación con la policía estatal
; la SG ha promovido diálogos con los pobladores y los diversos actores sociales involucrados y el Ejército ha desplegado trabajo social de diverso orden.
Ley de prevención
En la entidad rige una ley para la prevención y atención del desplazamiento interno con el objeto de establecer las bases para la asistencia de las personas que se encuentran en esta situación, brindar ayuda humanitaria y buscar soluciones.
En el caso de las comunidades La Candelaria, Lajerío y Benito Juárez, en Frontera Comalapa –en la región donde hace una semana fue interceptada la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, por un grupo de encapuchados–, la SSPC informó que está en operación el Plan de Atención para Frontera Comalapa que involucra a diversas instancias de los gobiernos federal y estatal.
Con este plan se han reforzado los programas sociales; se busca una mayor presencia del Ejército y la Guardia Nacional; la Financiera del Bienestar incrementó su presencia para promover mayores créditos para los negocios de estas comunidades y la Secretaría del Bienestar ha entregado más chips de Conectividad del Bienestar para acceso a Internet.
En el diagnóstico de la SSPC otras comunidades que han sido afectadas por el crimen organizado son los ejidos Nueva América, Corona del Rosal y Benito Juárez, en el municipio de Chicomuselo, y Nuevo Resplandor, en La Concordia.
En estas, los pobladores dejaron sus comunidades ante el rumor generado en redes sociales de la supuesta incursión de grupos criminales
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La SSPC informó que tres días después del desplazamiento forzado, se logró el paulatino retorno con el respaldo del gobierno federal que les proporcionó lanchas y otros apoyos (vestimenta y alimentos, principalmente) .
En el ejido Atzamilhó, el desplazamiento obedeció a un conflicto de orden electoral, pero que derivó en homicidios, por lo que de las investigaciones realizadas se cuenta ya con órdenes de aprehensión.
Otros conflictos que han provocado desplazamientos en Chiapas son: en Chilón, en las comunidades de San José y San Antonio Patbaxil, desde 2020 salieron personas por un conflicto agrario y se les ha dotado de asistencia humanitaria.
En el ejido Saltillo de Las Margaritas, una disputa entre dos organizaciones antagónicas generó la salida del grupo minoritario, para lo cual se adaptó un albergue y se dio apoyo alimentario.
En Mitzitón, en San Cristóbal de las Casas, desde 2017 salió un grupo por conflictos religiosos. Se adaptaron albergues para quienes no profesan la religión mayoritaria.
En Pantelhó los grupos Los Machetes y Los Herrera mantienen disputas políticas por el control del municipio, lo que ha derivado incluso en hechos delictivos.
