La organización Border Line Crisis Center en Tijuana, Baja California, exigió este martes una investigación profunda tras el arresto y posterior liberación la semana pasada de dos agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) acusados de corrupción y trata de personas.
Judith Cabrera de la Rocha, codirectora de la asociación, denunció en una entrevista que el delegado del INM en Baja California, David Pérez Tejado, ha minimizado las acusaciones contra María Elizabeth Paredes y Marte Antonio Camacho, quien fue encargado de la estación migratoria en Tijuana.
“Me parece que es una obligación que tiene, desde los mecanismos internos del Instituto Nacional de Migración, llevar a cabo esa investigación. Si bien este no es un crimen que él haya cometido, sí es su responsabilidad como titular del instituto que se encuentren a las personas involucradas y que haya sanciones”, manifestó.
El Gobierno de Baja California reveló el miércoles pasado que ambos agentes están bajo investigación por delitos relacionados con corrupción y trata de personas, pero tras su arresto el 29 de febrero, los dejaron libres.
La Fiscalía General de la República (FGR) inspeccionó una casa en la que presuntamente ocurrían secuestros y extorsiones de migrantes, y encontró a los dos funcionarios, dinero en efectivo, armas y cuadernos con anotaciones de los cobros que hacían a los migrantes que ingresaban a Baja California para cruzar a Estados Unidos.
Foto: X / INM
Reconocen casos de corrupción
Pérez Tejada reconoció el fin de semana ante los medios que, así como sucede en otras instituciones, en la que encabeza también hay casos de corrupción.
“Yo no lo niego, y puedo decir que en muchísimas dependencias de nuestro país hay casos de corrupción, se ha hablado, y lamentablemente sí sufren muchísimo los migrantes al atravesar nuestro país”, dijo.
Aunado a ello, afirmó que han cesado a funcionarios acusados de conductas irregulares.
“En promedio estamos cesando de sus funciones a dos (funcionarios) por mes por temas de corrupción o porque no pasan el examen de control”, señaló.
Sostuvo que él personalmente no ha tenido acceso a la carpeta de investigación, por lo que no sabía si los funcionarios investigados estaban implicados o por cuáles delitos en sí estaban acusados.
Sobre los cargos que desempeñaban los funcionarios, dijo que Paredes era oficial de Protección a la Infancia, aunque también realizaba labores administrativas, mientras Camacho era encargado del turno vespertino de la garita de El Chaparral y también “llegó a estar en el pasado como encargado de la estación migratoria”.
En la imagen, Judith Cabrera, codirectora de Border Line Crisis Center. Foto: EFE
“Vergonzoso y escandaloso”
Para Cabrera de la Rocha, el caso “es algo muy vergonzoso y escandaloso para una institución federal que está a cargo precisamente de cuidar a la población migrante y, por otro lado, es un secreto a voces que con esto se confirma”.
“Lo más preocupante del caso, si bien se está destapando un caso de corrupción muy profunda, es una persona que tenía 15 años en el cargo (Camacho), (es) que el titular en este momento esté de hecho minimizando las cosas, encubriendo a las personas que cometieron estos delitos”, dijo.
La activista también pidió indagar “qué tan involucrados estarán también en el tráfico de personas y en los secuestros”.
El caso en Tijuana trasciende mientras este miércoles se cumple un año del incendio en una estación del INM que mató a 40 migrantes en Ciudad Juárez, en la frontera con Estados Unidos, ante la presunta negligencia de los agentes migratorios.
(EFE)
