Por una #SociedadHorizontal. ¡Que Actúe!
A pesar del envío de más de 5 mil elementos de fuerzas federales al estado de Guerrero, la presencia de la Guardia Nacional, la Marina y el Ejército, no han logrado mejorar las condiciones de violencia e inseguridad que se viven en la entidad. Los ataques que han realizado los grupos del crimen organizado contra transportistas en Chilpancingo han provocado que se den paros continuos a este servicio.
La noticia de que los obispos de Acapulco, Chilpancingo-Chilapa, Ciudad Altamirano y Tlapa buscaron generar una tregua entre los diversos grupos de la delincuencia que hoy pelean por el dominio territorial en la entidad cobró gran relevancia nacional. Aun cuando el intento de pacificación no tuvo éxito para todo el estado, se logró el acuerdo de cesar los ataques en Chilpancingo y “respetar el control criminal sobre las rutas de transporte público”.
El sacerdote Filiberto Velázquez, director del Centro de Derechos Humanos Minerva Bello, informó que “se alcanzó una tregua entre Los Tlacos y Los Ardillos ahí en la ciudad capital, que implica que cada grupo va a respetar los negocios que la otra banda tiene”. Por la noche, la Conferencia del Episcopado Mexicano respaldó el llamado a la tregua que hicieron estos obispos. El presidente Andrés Manuel López Obrador avaló las negociaciones sostenidas. Desde Acapulco, el mandatario aseguró que “ve bien el diálogo entre los representantes de la Iglesia católica y los criminales, si lo que se busca es impulsar un proceso de pacificación”.
Ante estos acontecimientos, la gran pregunta es: ¿Quién gobierna en Guerrero?
La convocatoria de los obispos no sólo evidenció la irrelevancia que hoy representan los tres órdenes de gobierno en materia de seguridad, sino que también dejó puntuales ejemplos de la negligencia que caracteriza a los funcionarios públicos. Norma Otilia Hernández, presidenta municipal, quien hace algunos meses fue videograbada en un desayuno acompañada del líder de la banda criminal de Los Ardillos, apuntó que “todo lo que pueda traer paz vale la pena” y subrayó que los habitantes de su municipio “han aprendido a vivir con la violencia, pues incluso antes era más agresiva y complicada”.
La indolencia de las autoridades ha llevado a que las agresiones a las personas evolucionen de una forma verdaderamente dramática. En lugares de Acapulco, según ha reportado Raymundo Rivapalacio recientemente en su columna, “cerca de Caleta y Caletilla, las bandas criminales comenzaron a cobrar piso a las casas, ampliando su abanico de extorsión… (lo mismo ha ocurrido en) las colonias populares, donde hay reportes de que en casas marcadas como beneficiarias de los programas sociales los malosos les han tocado la puerta para que les den el dinero que les dio el gobierno”. Noticias de este tipo también se han presentado en municipios como Petatlán y Zihuatanejo, donde las extorsiones y el “cobro de piso” se ha presentado directamente en las casas habitación, como si se tratara directamente de un “impuesto predial criminal”.
Parecería que el Estado mexicano se colapsa poco a poco. Aunque, en esta ocasión, las noticias vinieron de esa entidad suriana, otros estados como Zacatecas, Guanajuato, Michoacán o Chiapas, por solo mencionar algunos, presentan condiciones igualmente aterradoras. Sin autoridades, los ciudadanos se encuentran dejados a su suerte y el crimen organizado marca la vida cotidiana en amplias regiones del país.
Todas estas noticias, se dieron la semana previa a la movilización en el Zócalo capitalino. Miles de personas abarrotaron la plancha de la Plaza de la Constitución en la CDMX, con el objetivo de “defender la Democracia”. Por ello, es indispensable que la voz que ayer se escuchó se prolongue y profundice en el debate nacional, para cuestionar con firmeza al poder público. Hoy no son las autoridades electas las que gobiernan; hoy que éstas han cedido su espacio al crimen, ¿qué ofrece el oficialismo para resolver la terrible situación imperante? ¿qué ofrece la oposición?
A tres meses y medio para que sea la elección más grande de la historia, la #SociedadHorizontal debe revisar minuciosamente las propuestas. Se requiere fortalecer a las policías municipales, a los cuerpos de seguridad estatal y federal. Es necesario mejorar la actuación de las fiscalías en las entidades y la General de la República. Se requieren recursos y nuevos arreglos institucionales. No se trata sólo de defender la democracia, se trata de exigir que ésta sea funcional y no una simulación.
