Simón Bolívar decía que “la justicia es la reina de las virtudes republicanas” porque “defiende la igualdad y la libertad”. Su mayor bondad radica en su misión de garantizar los derechos humanos protegiendo, reivindicando, defendiendo, reparando o posibilitando su ejercicio.
Esta prerrogativa, a través de las instituciones que la proporcionan o imparten, es la que mantiene el orden y la estabilidad del Estado, haciendo cumplir las leyes convenidas para vivir en paz y desarrollarse individual y colectivamente; resolviendo los conflictos; generando equilibrios entre poderes; y previniendo y combatiendo los actos contrarios a las normas.
La necesidad de su salvaguarda se refleja en la alta recurrencia de trámites ante los tribunales mexicanos (95.6%), registrada en la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2023; mismos que aún no reciben atención oportuna, dado el 51.9% de nivel de satisfacción en el tiempo destinado a su conclusión.
Esta misma medición reporta un déficit de credibilidad hacia los jueces, alcanzando solo 39.4%; y 37.1% respecto a la policía; lo que contrasta con el 66.7% y 86.7%, respectivamente, de la frecuencia de corrupción percibida en cada uno.
Nuestros órganos jurisdiccionales también muestran una alta tasa de impunidad de 60.08, según el Índice Global UDLAP 2022 en esta materia. Adicionalmente, el hecho de que aún se encuentren por debajo del promedio mundial de 17.83 en número de jueces por cada 100 mil habitantes, contando solo con 4.36, se traduce en saturación y rezago.
Si bien es cierto que los órganos judiciales presentan diversos problemas que afectan la observancia de su actividad, los cuales deben ser revisados y corregidos, como se propone en la reforma actualmente en discusión, lo cierto es que esto no debe quebrantar su autonomía, pues es lo que preserva su independencia, evitando injerencias y subordinaciones.
La propuesta de elegir por voto popular a quienes resuelven las controversias tiende a comprometer este valor al politizar una función técnica que debería sustentarse en un servicio de carrera basado en el mérito, donde la transparencia oriente su selección y permanencia, como lo ha sostenido la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
No puede haber justicia sin información, porque ambas son esenciales en una democracia. Sin la segunda, la primera carecería del insumo necesario para materializarse; y sin la anterior no se podrían obtener los documentos de una acción, ni conocer los perfiles de quienes la llevan a cabo, ni habría rendición de cuentas.
Si queremos lograr efectividad y generar confianza social, cualquier iniciativa que se formule debe asegurar que su aplicación sea imparcial, objetiva, legal, oportuna, accesible y abierta, y que sus operadores actúen con profesionalidad, integridad y conocimiento demostrado.
Por Marina San Martín Rebolloso
ESPECIALISTA EN TRANSPARENCIA Y PRIVACIDAD
@NAVYSANMARTIN
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