Los únicos países del mundo donde el agua es privada

¿En cuántos países la gestión del agua no es pública? No son muchos, pero el debate de agua como bien público o privado, a tenor de la enorme sequía que está experimentando España a causa de la falta de lluvias -como consecuencia del cambio climático-, ha vuelto a ponerse sobre la mesa en un momento en el que ese líquido que nos da la vida es cada vez más escaso.

El caso de Inglaterra

A finales de la década de 1980, el primer país del mundo en privatizar su industria del agua fue… Inglaterra. Esto marcó un cambio radical en el enfoque de la gestión del agua y tuvo profundas implicaciones para el medio ambiente, la economía y el tejido mismo de la sociedad inglesa. El hecho de que el agua pasase a ser propiedad exclusiva de empresas privadas pasaba porque aparecieran inversores extraterritoriales que incluían fondos internacionales privados y estatales, bancos, multinacionales y multimillonarios con sede fuera del Reino Unido, y que controlan al menos el 72% del agua inglesa, según una investigación que llevó a cabo TheGuardian en 2022.

Negligencia medioambiental

Para comprender el contexto en el que en 1989 Reino Unido pasara al lado de la privatización del agua es necesario recordar que antes de ese año, la industria del agua en Inglaterra era de propiedad pública y estaba administrada por las autoridades regionales del agua. Sin embargo, la ineficiencia del sistema era tal y tan insuficiente que este país llegó a recibir el apodo de “el hombre sucio de Europa”, debido a su mala calidad del servicio y contaminación generalizada de la misma. La situación era tan desastrosa que los ríos y playas de Inglaterra estaban sufriendo una contaminación grave que planteaba riesgos tanto para el medio ambiente como para la salud pública.

Así las cosas, el gobierno conservador, encabezado por la Primera Ministra Margaret Thatcher, introdujo reformas de amplio alcance con la creencia de que el sector privado podría ofrecer mejores servicios y mayores inversiones. Se aprobó la Ley del Agua y se privatizaron las autoridades regionales del agua, vendiendo los servicios de agua y alcantarillado a empresas privadas.

Por ello, en Inglaterra y Gales, “se introdujeron reglamentos que establecían límites numéricos para la calidad del agua potable. Estos reglamentos se actualizaron en el año 2000 y los nuevos estándares de calidad entraron en vigor el 1 de enero de 2004”, según reza en el informe sobre “El Desarrollo de la Industria del Agua en Inglaterra y Gales” publicado en 2015 por el Departamento de Medio Ambiente británico y por el regulador económico de la industria del agua, Ofwat.

Esto conllevaba cumplir con regulaciones ambientales mucho más estrictas de las que había y cumplir con los estándares de calidad establecidos por la Unión Europea. En el proceso, se invirtieron miles de millones de libras en modernizar las instalaciones de tratamiento de agua, reducir las fugas y mejorar los sistemas de gestión de aguas residuales, algo que tuvo su eco positivo en la calidad del agua en Inglaterra y el medioambiente regional también inició una etapa de recuperación tras tantas décadas de abandono y contaminación fecal. Atrás quedó la mala calidad del agua, ríos contaminados y playas gravemente afectadas por las aguas residuales.

El caso de Chile

Chile es un caso especial en cuanto al derecho al agua. La Constitución chilena, adoptada bajo la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), privatizó el agua a través de la entrega estatal de concesiones a perpetuidad beneficiando directamente a las empresas e inversores privados, principalmente a compañías mineras y a la agroindustria. Esto se mantuvo, e incluso se profundizó, después de la transición democrática, ya que también se privatizó el saneamiento.

Así las cosas, el Código de Aguas de 1981 fue una política histórica que estableció el agua como un bien comercializable, separado de la propiedad de la tierra, permitiendo a individuos y empresas comprar, vender e intercambiar derechos de agua en un sistema de libre mercado. La consecuencia es que Chile paga las tarifas más altas de América Latina para consumir agua potable. Es un escenario que se ha convertido en fuente de tensión social y ha planteado dudas sobre la justicia del sistema.

La Constitución ha sido reformada en multitud de ocasiones, hasta 70 veces, y desde 2005 lleva la firma el expresidente socialista Ricardo Lagos. Parecía que la situación respecto al agua privada iba a cambiar, ya que en 2022 se bajó el quórum para modificarla en el que se incluía que la nueva constitución terminaría con el mercado del agua. Teniendo en cuenta la sequía que sufre también la nación chilena y que hay muchos habitantes que no tienen acceso al agua a través de cañerías sino que tienen que ser atendidos o abastecidos por camiones cisterna, esta medida fue muy aplaudida por los chilenos.

Sin embargo, el modelo de privatización que no tuvo plenamente en cuenta los efectos del cambio climático, exacerba la escasez de agua y aumenta la frecuencia de las sequías, ha caído, por el momento, en saco roto, ya que tras el plebiscito de diciembre de 2023, la opción en contra de la propuesta de nueva Constitución fue respaldada en las urnas por más del 55% de la ciudadanía.

Futuro

La perspectiva global sobre la privatización del agua es mixta. Sus defensores argumentan que el sector privado puede aportar eficiencia, innovación y la inversión necesaria a los servicios de agua. Los opositores, sin embargo, muestran su preocupación sobre la equidad y la mercantilización de un recurso que muchos creen que no debería estar sujeto a las fuerzas del mercado. El agua es un bien público y privatizarla socava el derecho al agua.

Referencias: